Por Ricardo Vásquez Kunze en Expreso.
Existe una gran ofensiva caviar de desinformación a la opinión pública sobre la nueva ley de crimen organizado. Hasta el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se ha sumado al pedido de la izquierda caviar para derogar esta ley que va a la médula del verdadero crimen organizado que viene asolando a todo el Perú. Pero a los caviares, liderados por el repugnante fiscal interino de la Nación, les importa un pepino que el crimen organizado que ha puesto en jaque a la sociedad peruana se resuelva. Lo que les interesa es derogar la ley de crimen organizado y reponer la antigua ley que les permitió politizar la justicia, metiendo presos con el cuento de la “organización criminal” a cuanto político opositor se oponía a sus designios.
Las víctimas de esta antigua ley incluyeron la prisión preventiva tres veces de Keiko Fujimori, el suicidio de Alan García y la prisión de Luis Castañeda Lossio, mientras el guante blanco se aplicaba a la confesa corrupta Susana Villarán. Mientras esto sucedía, como afirma el abogado Humberto Abanto, el verdadero crimen organizado de extorsionadores y sicarios se organizaba para atacar a la sociedad peruana.
Por los medios de comunicación desfilan los responsables de la tragedia actual del Perú: Basombrío, Gino Costa, Javier Valdez, Rubén Vargas, Antonio Maldonado, José Ugaz y una plétora de congresistas de la bancada de Juntos Por el Perú, como Sigrid Bazán, Roberto Sánchez o Susel Paredes, entre otras lacras. Estos son los que siempre apoyaron a los fiscales parcializados Domingo Pérez o Rafael Vela, y a los jueces “caneros” como Chávez Tamariz y Concepción Carhuancho.
Como sostiene Abanto, esta argolla, por no decir mafia, quiere seguir en la vorágine de la persecución política en vez de enfrentar el verdadero problema del crimen organizado de las mafias de delincuentes, sicarios y extorsionadores que sí están comprendidos en la ley actual.
Las mentiras que inventan ante periodistas desinformados o complacientes es que los allanamientos ya no serán sorpresivos porque la fiscalía necesita avisar a los abogados de los allanados, quitando el factor sorpresa. Lo cierto, lo concreto y lo real es que esto es una farsa avalada por esa caricatura de fiscal interino de la Nación, que hasta hoy no se pronuncia sobre las graves investigaciones fiscales de José Domingo Pérez y su desbalance patrimonial, entre otras perlas como las de la fiscal Barreto.
El hecho es que, bajo sus órdenes, los fiscales se hacen las víctimas diciendo que no pueden allanar los domicilios de los delincuentes porque no llegan los abogados de los allanados, cuando la ley es bien clara en que se puede realizar el allanamiento con el consabido factor sorpresa, inmovilizando a sus ocupantes hasta que llegue su abogado o el abogado de oficio. Todo eso lo sabe el crápula de Villena, que tiene como agenda investigaciones absurdas como la abierta a Dina Boluarte por el asunto del “cofre”. En eso pierde el tiempo este tarado.
En síntesis, los caviares quieren seguir con su show mediático de perseguir “cuellos blancos” y políticos, mientras que el verdadero crimen organizado avanza sin pausa por culpa de esta gentuza.