En medio de una realidad violenta y la efervescencia social que se vive en el Perú, una nueva ley busca corregir una injusticia que el país arrastra desde hace décadas. La persecución judicial contra policías y militares que arriesgan su vida por proteger nuestro país.
El proyecto propone modificar el Código Penal para exonerar de responsabilidad penal y reparación civil a los efectivos que, cumpliendo su deber, causen lesiones durante operativos de control. La norma incluso tendría aplicación retroactiva, aplicando en los casos de más de 300 agentes procesados por los enfrentamientos ocurridos durante las violentas protestas del 2022 y 2023.
No se puede seguir criminalizando a quienes nos cuidan. La Policía y las Fuerzas Armadas no son el enemigo. El enemigo es el caos, el vandalismo y la manipulación política que busca desestabilizar al país.
Durante años, organismos como la CIDH o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han defendido a quienes destruyeron propiedad pública, atacaron comisarías y cobraron vidas inocentes. Pero callan cuando un policía cae en cumplimiento de su deber.
Mientras ciertos sectores ideologizados insisten en debilitar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, el país real sabe que sin ellos no hay orden, ni paz, ni futuro posible.
Se trata de hacer justicia. De reconocer que quienes arriesgan su vida para protegernos merecen respaldo, no persecución. Porque defender a quienes nos defienden
es entender que el Perú solo podrá reconstruirse cuando el valor, la autoridad y el respeto vuelvan a tener sentido.
Defender a quienes nos defienden es parte del cambio de ciclo que el Perú pide y necesita.