La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha expresado su “preocupación” por no haber sido invitada a la mesa de trabajo entre el Ejecutivo y representantes del sector minero. Pero más que preocupación, lo suyo parece una pataleta. Ha reaccionado como si esa mesa le perteneciera, cuando en realidad se trata de una instancia que busca soluciones políticas y técnicas, no protagonismos ideológicos. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía en una reunión de este tipo?
La respuesta es clara: los tentáculos de la mafia caviar quieren estar en todas partes.
Espinoza actúa como una bacteria que ya contaminó el Poder Judicial y ahora pretende extender su influencia al resto del Estado. Quiere estar en todas partes, no para resolver, sino para asegurar que nada cambie.
Y si se trata de minería —una de las actividades más importantes para la economía del Perú— el interés crece, porque ahí es donde circula el dinero y donde se disputa el poder real.
La corrupción en el Estado ya no es silenciosa, ni disimulada. Hoy exige presencia en todos los espacios, incluso en aquellos donde no corresponde, solo para influir, condicionar y proteger sus redes de poder.
¿Es coincidencia que mientras se persigue y criminaliza a los mineros informales, los grandes operadores judiciales exijan estar en la mesa de decisiones? ¿O es que temen perder control sobre un sector que hasta ahora les ha servido para hacer política?
El Perú no necesita más operadores políticos infiltrados en cargos públicos. Necesita instituciones limpias y decisiones pensadas para el país, no para las agendas de los corruptos de siempre.
Porque mientras ellos pelean por sillas, los peruanos siguen esperando justicia, oportunidades y un país que funcione de verdad. Es momento de cortar los hilos del poder corrupto.
