Increíble pero cierto. En el Perú, los expresidentes procesados por graves delitos contra el Estado parecen haber olvidado que están en una cárcel y no en un hotel de cinco estrellas. Tras una requisa rutinaria del INPE en el penal de Barbadillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra han puesto el grito en el cielo, denunciando una supuesta «vulneración a su intimidad» porque se difundieron fotos de sus celdas.
Es la táctica clásica de la izquierda radical y de los políticos corruptos: cuando la justicia los alcanza, se envuelven en la bandera de los «derechos fundamentales» para generar lástima y socavar el sistema penitenciario.
Lo que estos señores no quieren es que el pueblo peruano vea las comodidades con las que viven en Barbadillo mientras el resto de la población penal sufre el hacinamiento.
El «Lagarto» Vizcarra, fiel a su estilo populista, ha denunciado penalmente al Director de Seguridad del INPE y ha lanzado retos al Presidente en redes sociales, intentando desviar la atención de sus procesos por corrupción hacia una supuesta «persecución política».
Por su parte, la defensa de Humala habla de «tráfico de datos» y «violación a la intimidad», como si un interno en un penal de máxima seguridad tuviera el derecho de ocultar cómo vive a las autoridades que lo custodian.
Mientras Vizcarra usa sus redes para quejarse de que le revisan la habitación, el país se desangra por la extorsión y el sicariato. Es el colmo del cinismo que un hombre investigado por recibir coimas pretenda dar lecciones de seguridad ciudadana desde su celda, retando a las autoridades. Esta victimización sistemática busca debilitar la autoridad del INPE.
Si permitimos que los delincuentes de cuello blanco dicten las reglas de cómo y cuándo se les debe requisar, habremos perdido la batalla contra la corrupción. En una cárcel, la seguridad del Estado prima sobre la «intimidad» de quienes traicionaron la confianza de la Nación.
Basta de trampas legales para proteger a quienes nos robaron el futuro. Los peruanos estamos hartos de ver cómo los expresidentes usan las instituciones judiciales para quejarse por una foto, mientras miles de ciudadanos no tienen la seguridad básica en sus calles.
